El conflicto no gubernamental

Los gobiernos de Uruguay y Argentina parecen inermes para solucionar el conflicto por la instalación de las fábricas de celulosa en Fray Bentos. Habrá guerra, pero no entre países, sino entre las "asambleas" de la provincia de Entre Ríos y las empresas, Botnia y Ence.
Los cartuchos que quemaron el 11 de marzo en Chile los presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner eran, más bien, bengalas. Señales. Un destello de lucidez presidencial –luego de meses de prescindencia– para reanudar el diálogo. Pidieron "gestos". A entrerrianos, el levantamiento del piquete. A los industriales, la interrupción de las obras por 90 días.
El piquete se levantó. Pero Botnia, que había accedido al pedido, cambió de rumbo el martes –12 días después– al reducir la suspensión de las obras a apenas 10 jornadas. Como en un mal chiste, la empresa atribuía a su actitud "el objetivo de contribuir a generar un espacio de diálogo entre los gobiernos".
De este modo, quedó configurado el escenario favorito de la oposición uruguaya: Botnia sigue construyendo y los puentes del río Uruguay son carne de piquete. Las empresas y los asambleístas están solitos, tirando de la cuerda. ¿El estado? Chiquito y bien, gracias.
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Vázquez no podía esperar de las empresas Botnia y Ence más que "gestos", pues el gobierno anterior dejó todo bien atado para aceitar la construcción de las plantas. De eso se trata, por ejemplo, el acuerdo de protección de inversiones con Finlandia, que subordina el gobierno a una compañía extranjera.
El presidente le rogó a las empresas que detuvieran las obras, pues no podía obligarlas aunque de eso dependiera algo tan delicado como el vínculo con Argentina. Que Jorge Batlle lo acusara luego de "traición" y de "poner en peligro" la "soberanía" y "la independencia nacional" demuestra cuán frágil queda la ideología si se le dan tantas vueltas.
El acuerdo descrito por el secretario de la presidencia uruguaya Gonzalo Fernández beneficiaba a las empresas. El reconocimiento de la instalación de las plantas en su actual ubicación, la creación de una comisión binacional cuyas conclusiones no serían obligatorias, la reducción de la suspensión de las obras de
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Sí, suena duro. Pero el imperativo del verbo "reprimir" es lo que se conjuga en todas las demandas uruguayas desde el inicio de los piquetes en diciembre. "No podemos cruzar al otro lado y sacarlos. ¿Quién lo tiene que hacer? El Poder Ejecutivo", había dicho Vázquez a El Espectador en marzo. La omisión del estado argentino en "reprimir y prevenir" los cortes habilita, incluso, a particulares a querellar al estado argentino por daños y perjuicios, según Fernando Iorfida, el abogado que promueve esas demandas en Buenos Aires.
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Mientras continúan el piquete y las obras, los gobiernos pueden mantener la presión política y rezar para que el conflicto se resuelva solo. También podrían tomar medidas difíciles.
El gobierno uruguayo podría derogar algunas de las normas que facilitaron la instalación de Botnia y Ence, a riesgo de perder la inversión y ahuyentar otras. El argentino podría reprimir los piquetes, lo cual le restaría apoyo en momentos en que Kirchner ausculta su posible reelección.
Ninguna de esas medidas es barata. Pero esta semana quedó claro que lo barato puede salir muy caro.
Marcelo Jelen

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